La pensión no contributiva es una prestación de modalidad asistencial, no condicionada a la existencia de cotización previa al sistema de Seguridad Social. Se dirige a personas en situación de necesidad económica que carecen de recursos suficientes y que no han cotizado o no lo han hecho durante el tiempo necesario para acceder a una prestación contributiva. Existen dos modalidades principales: invalidez y jubilación.
Para acceder a la modalidad de jubilación se exige cumplir una edad mínima legal, residir en España durante el período que marca la norma y carecer de rentas o ingresos por encima del umbral fijado anualmente, computando, según los casos, las rentas de la unidad de convivencia. La modalidad de invalidez exige acreditar un grado de discapacidad igual o superior al previsto, también con un test de rentas equivalente. La cuantía es uniforme y se establece por ley anualmente, sin que dependa de bases reguladoras o años cotizados.
La gestión, reconocimiento y pago de las pensiones no contributivas está transferida a las comunidades autónomas, que las administran a través de sus respectivas consejerías de servicios sociales o de bienestar. La financiación corre a cargo de impuestos generales, no de cotizaciones, lo que diferencia su lógica del nivel contributivo del sistema. La pensión es compatible con otras rentas dentro de los límites previstos y se ajusta en su caso si los ingresos de la unidad de convivencia varían. En conjunto, este nivel asistencial cubre situaciones que el nivel contributivo no alcanza y sirve como suelo de protección dentro del Estado del bienestar.