El régimen de Clases Pasivas del Estado es el sistema específico de pensiones que protege a determinados funcionarios civiles y militares, así como a sus familiares en supuestos de muerte y supervivencia. Constituye una pieza singular dentro del conjunto de prestaciones públicas, con una lógica jurídica distinta a la del Régimen General de la Seguridad Social, aunque presenta paralelismos estructurales con la jubilación, la incapacidad y la viudedad contributivas.
Una particularidad esencial: a partir del 1 de enero de 2011, los funcionarios públicos que ingresaron por primera vez en cualquiera de los cuerpos del Estado pasaron a quedar incluidos, a efectos de Seguridad Social, en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto significa que el colectivo que sigue generando derechos en Clases Pasivas se compone, en lo esencial, de funcionarios cuyo ingreso fue anterior a esa fecha. Por esta razón, Clases Pasivas es un régimen que, sin ser residual a corto plazo, sí está llamado a reducir progresivamente su peso sobre el conjunto del sistema.
Cubre varias contingencias: jubilación o retiro (forzoso, voluntario o por incapacidad permanente para el servicio), pensiones por incapacidad y pensiones a favor de familiares (viudedad, orfandad y a favor de padres). Las cuantías se calculan a partir de un haber regulador asignado por grupo o cuerpo del funcionario, multiplicado por un porcentaje en función de los años de servicio reconocidos, con topes mínimos y máximos. La gestión y el pago corresponden, desde la transferencia operada en los últimos años, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, manteniéndose la regulación específica del régimen.