Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo es el acuerdo parlamentario alcanzado por primera vez en 1995 que sentó las bases del consenso político sobre la reforma y el mantenimiento del sistema público de pensiones en España. Se materializa, periódicamente, en las recomendaciones aprobadas por la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

Su naturaleza es política, no jurídica: el Pacto no es una ley, sino un conjunto de recomendaciones aprobadas por consenso de los grupos parlamentarios. Después, los Gobiernos las traducen en leyes y reformas concretas. Esa naturaleza explica que las recomendaciones puedan no aplicarse íntegramente por el Gobierno de turno y que algunas reformas se aprueben con respaldo parcial de los grupos firmantes.

Opera desde 1995, con renovaciones de las recomendaciones en 2003, 2011 y 2020, recogiendo los retos pendientes y las nuevas prioridades de cada momento. Sus principios rectores son:

1. Separación de fuentes de financiación: cotizaciones para contributivas, impuestos para no contributivas.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (vinculación al IPC).
3. Fortalecimiento del Fondo de Reserva.
4. Reformas paramétricas (edad, años de cotización, base reguladora).
5. Mejora de la pensión de viudedad.
6. Lucha contra la brecha de género.
7. Sostenibilidad y equidad intergeneracional.

Estos principios marcan el rumbo de las reformas: cada gran reforma puede entenderse como desarrollo más o menos directo de algún bloque del Pacto.

Las reformas de 2011, 2013, 2021 y 2023 se han presentado, de forma más o menos directa, como desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque no siempre con el respaldo de todos los grupos políticos firmantes.

La reforma de 2011 (Ley 27/2011) elevó la edad legal hacia los 67 años y amplió el periodo de cálculo. La de 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y el IRP, ambos derogados después. La de 2021 (RDL 3/2021) restableció la revalorización por IPC y reformó la jubilación anticipada y demorada. La de 2023 (RDL 2/2023) introdujo la cuota de solidaridad, amplió el MEI y avanzó en la convergencia de cotizaciones por ingresos reales en el RETA. Cada reforma ha tensado el consenso original, pero el marco del Pacto sigue siendo la referencia política principal.