La revalorización anual es la actualización del importe de las pensiones públicas que se aplica cada 1 de enero. Su objetivo es proteger el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación.
Tras la reforma de pensiones aprobada en 2021 y consolidada con normativa posterior, la regla principal de revalorización vincula la subida al IPC interanual medio del periodo comprendido entre diciembre y noviembre del año anterior. Si el IPC sale negativo, las pensiones no bajan: se mantienen igual. Las pensiones mínimas y no contributivas pueden tener reglas adicionales, con incrementos diferenciados respecto al IPC general.
La revalorización se concreta cada año en un Real Decreto y, habitualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para 2026, el Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, fija la subida general de las pensiones contributivas en el 2,7 %. Las pensiones mínimas y las no contributivas suben con porcentajes superiores: las mínimas con cónyuge a cargo y las viudedades con cargas familiares se incrementan un 11,4 %, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también un 11,4 %, y el resto de mínimas entre el 7 % y ese mismo techo del 11,4 %.
Históricamente España ha aplicado fórmulas distintas: durante varios años funcionó el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), introducido en 2013, que fijaba subidas mínimas del 0,25 % independientemente de la inflación. Esa fórmula provocó pérdida de poder adquisitivo en periodos inflacionistas y fue derogada con la última reforma.
La revalorización aplica al importe bruto. La pensión neta también puede variar si cambian las retenciones de IRPF o el resto de descuentos.
Ver también: Pensión mínima, Topes de pensión máxima, Factor de sostenibilidad, Pacto de Toledo.