Pensión no contributiva

Hay tres requisitos comunes y otros específicos según la modalidad. Los comunes son carecer de cotización suficiente para causar pensión contributiva, residir legalmente en España durante un periodo mínimo continuado (10 años, en términos generales, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud) y no superar el umbral de rentas fijado por la norma para el solicitante y su unidad familiar. Para la modalidad de jubilación, se exige tener cumplidos 65 años. Para la modalidad de invalidez, tener entre 18 y 65 años y un grado de discapacidad reconocido ≥ 65 %. La cuantía es fija, igual para todos los beneficiarios: para 2026, el RD 39/2026 la fija en 8.803,20 €/año (628,80 €/mes en 14 pagas).

La pensión la pagan las comunidades autónomas —el IMSERSO en Ceuta y Melilla— a través de su red de servicios sociales o del organismo equivalente. La normativa sustantiva es estatal: la fija la Ley General de la Seguridad Social y los Reales Decretos de revalorización anual. La gestión y reconocimiento son autonómicos: la solicitud se presenta en la oficina autonómica correspondiente, que tramita el expediente, verifica los requisitos, dicta resolución y abona mensualmente la pensión. Los plazos administrativos varían entre comunidades. La pensión se actualiza anualmente conforme al RD de revalorización (en 2026, incremento del 11,4 %, igual que las pensiones mínimas contributivas). El pago se realiza en 14 mensualidades.

La compatibilidad es limitada y depende del nivel de ingresos. La pensión no contributiva está sometida al umbral de rentas: si los ingresos del titular y de la unidad familiar superan el límite, la cuantía se reduce o se extingue. La realización de un trabajo remunerado puede llevar a superar ese umbral y, por tanto, a perder el derecho. La compatibilidad con la pensión SOVI no concurrente y con IMV está sometida a reglas específicas de absorción o incompatibilidad. La compatibilidad con servicios y ayudas autonómicas suele ser plena. La normativa contempla algunas reglas de incentivo al trabajo en la modalidad de invalidez, para evitar que el acceso a un empleo penalice de forma brusca al pensionista, aunque las condiciones son más restrictivas que en el IMV.