El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) fue la fórmula que se aplicó en España para actualizar las pensiones públicas entre 2014 y 2018. La introdujo la reforma de 2013 con la idea de desvincular la subida anual del IPC y atarla a la situación financiera del sistema, calculando la revalorización como una función de los ingresos y los gastos previstos de la Seguridad Social.
Sus rasgos clave fueron:
- Suelo y techo legales: la subida no podía bajar del 0,25 % anual ni superar el IPC más un margen reducido fijado por la norma.
- Independencia respecto al IPC: en años de inflación moderada o baja la pensión podía subir un 0,25 %, lo que en la práctica supuso varios ejercicios de pérdida de poder adquisitivo.
- Dependencia del equilibrio del sistema: la fórmula incorporaba como variables los ingresos por cotizaciones, el número de pensiones, la pensión media y un factor corrector.
El IRP fue suspendido de hecho en 2018, cuando los Presupuestos Generales del Estado y normas posteriores fijaron subidas conforme al IPC al margen de la fórmula. La reforma iniciada en 2021 lo derogó formalmente y restableció el IPC interanual medio como criterio principal de revalorización para las pensiones contributivas, con reglas adicionales para mínimas y no contributivas.
A día de hoy el IRP no se aplica al cálculo de ninguna pensión, pero sigue apareciendo en debates sobre sostenibilidad y en evaluaciones del Banco de España y de la AIReF cuando se comparan reglas alternativas de revalorización.
Ver también: Revalorización anual, Factor de sostenibilidad, Pacto de Toledo, Pensión mínima.