Lesiones permanentes no invalidantes (LPNI)

Ambas son indemnizaciones a tanto alzado, pero su naturaleza es distinta. Las LPNI se reconocen cuando hay una secuela definitiva (deformidad, mutilación, pérdida funcional) sin reducción del rendimiento profesional habitual. La incapacidad permanente parcial exige una disminución no inferior al 33 % del rendimiento en la profesión habitual.

Otra diferencia clave: las LPNI solo se reconocen si la lesión deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Las secuelas derivadas de contingencias comunes no dan lugar a esta indemnización, mientras que la incapacidad permanente parcial sí puede reconocerse en ambos orígenes. La cuantía de las LPNI se fija mediante un baremo tasado por orden ministerial; la de la parcial se calcula como múltiplo de la base reguladora.

La cuantía es fija, según un baremo tasado aprobado por orden ministerial. Cada lesión, deformidad o mutilación reconocida tiene asignado un importe concreto que se actualiza periódicamente. La indemnización se paga en una sola entrega.

El catálogo está cerrado: una secuela que no figure en el baremo no genera indemnización por esta vía, aunque pueda dar lugar a otros mecanismos compensatorios como el recargo de prestaciones, la responsabilidad civil del empresario o la mejora voluntaria prevista en el convenio colectivo. El baremo prevé importes diferenciados según la parte del cuerpo afectada y la gravedad de la secuela. La gestión la asume la mutua colaboradora o, en su defecto, el INSS.

Sí. La LPNI es plenamente compatible con el trabajo: el trabajador continúa en su puesto, no implica baja médica y no obliga al cambio de actividad. Tampoco genera derecho a pensión de incapacidad permanente, porque por definición la secuela no inhabilita para la profesión.

Es compatible también con otras prestaciones del sistema, incluida la pensión de jubilación cuando llegue el momento. Si con posterioridad las lesiones empeoran y llegan a constituir una incapacidad permanente, se puede instar el reconocimiento de incapacidad por agravamiento, sin que la indemnización por LPNI ya cobrada bloquee ese expediente. La regulación está en la Ley General de la Seguridad Social y en la orden ministerial que aprueba el baremo.