Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

El recargo oscila entre el 30 % y el 50 % sobre la prestación, según la gravedad del incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. La cuantía exacta la decide el INSS, normalmente a propuesta de la Inspección de Trabajo tras levantar acta del incumplimiento.

Factores que pueden agravar el recargo: incumplimiento reiterado, gravedad de las consecuencias del accidente, falta total de evaluación de riesgos, ausencia de medios de protección colectiva, falta de formación específica del trabajador. El recargo se aplica sobre todas las prestaciones derivadas del accidente o enfermedad profesional: incapacidad temporal, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, LPNI y, en su caso, auxilio por defunción. La regulación está en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social.

Lo paga exclusivamente la empresa. El recargo no se cubre con cotizaciones ordinarias, no puede asegurarse y no es compensable por el seguro de responsabilidad civil que la empresa pueda tener contratado. La normativa lo configura como una sanción económica al empresario incumplidor, y por eso impide su traslado a cualquier otro sujeto.

La empresa abona el recargo durante toda la vida útil de la prestación. En supuestos de pensión vitalicia (incapacidad permanente, viudedad, orfandad), la empresa debe ingresar el capital coste correspondiente al recargo en la TGSS, calculado actuarialmente, para garantizar el pago futuro. Esa cantidad se reclama de una sola vez y, si la empresa no la paga voluntariamente, la TGSS asume la recaudación por la vía ejecutiva.

Sí. El recargo es compatible con la responsabilidad civil derivada del accidente, no la sustituye. Una víctima de accidente con incumplimiento empresarial puede reclamar daños y perjuicios por la vía civil además del recargo, sin que las cantidades obtenidas por una vía descuenten las de la otra.

La lógica es que el recargo es una sanción de derecho público vinculada a la prestación de Seguridad Social, mientras que la responsabilidad civil cubre el daño efectivamente causado al trabajador (daño emergente, lucro cesante, daño moral). Son títulos jurídicos distintos. La articulación entre ambos cauces ha sido afinada por la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo, y se traduce en una protección reforzada del trabajador accidentado frente a empresas incumplidoras.