Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social, tanto por parte de empresas como de trabajadores. Tiene competencias plenas para investigar, requerir, sancionar y, en su caso, levantar actas de liquidación o de infracción.

En pensiones, sus competencias relevantes son cuatro:

1. Lucha contra el fraude en cotización: detección de alta sin cotización real, falsa actividad del autónomo, infracotización deliberada o falta de alta.
2. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, propone recargos del 30 % al 50 % sobre la prestación, a cargo de la empresa.
3. Comprobación de legalidad de altas, modalidades de contratación y aplicación correcta de regímenes.
4. Inspecciones específicas en sectores con alta prevalencia de irregularidad (hogar, hostelería, construcción).

Afecta a empresas, autónomos y trabajadores sometidos a la normativa laboral y de Seguridad Social, sin distinción de tamaño o sector. Una inspección puede iniciarse:

1. De oficio, conforme al plan de actuación anual de la Inspección, basado en cruces de datos, sectores prioritarios, denuncias acumuladas, etc.
2. A instancia de denuncia: cualquier persona puede denunciar incumplimientos. La identidad del denunciante está protegida por la legislación.
3. A solicitud de otra administración o autoridad judicial.

La Inspección puede realizar visitas presenciales sin aviso previo, requerir documentación, citar a comparecer y levantar acta. Las actas tienen valor probatorio reforzado en los procedimientos posteriores.

Los actos de la Inspección son base para que la TGSS reclame cuotas pendientes o tramite altas de oficio, y para que el INSS imponga el recargo de prestaciones cuando hay incumplimiento empresarial en prevención. Las tres entidades operan coordinadamente: la Inspección detecta y documenta; la TGSS recauda y regulariza altas; el INSS reconoce o ajusta prestaciones.

Las actas de la Inspección pueden recurrirse en vía administrativa y, después, ante la jurisdicción contencioso-administrativa o social, según el tipo de actuación. La Inspección depende del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, vinculado al Ministerio competente, con autonomía funcional dentro de la administración estatal.