Renta agraria

La renta agraria está dirigida a trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía o Extremadura que no pueden acceder al subsidio agrario por no acreditar la antigüedad mínima exigida o por encontrarse en otra de las situaciones descritas en su normativa. Es la prestación complementaria pensada para cubrir a quienes, por vulnerabilidad estructural, no llegan a generar la antigüedad necesaria para el subsidio. Los requisitos básicos son figurar inscrito como demandante de empleo en el SEPE, acreditar un mínimo de jornadas reales trabajadas en el sector y residir en alguna de las dos comunidades autónomas. La normativa específica está en el Real Decreto 426/2003 y en sus modificaciones posteriores.

La cuantía es equivalente, en términos generales, al 80 % del IPREM mensual, durante el periodo que la norma reconozca al beneficiario en función de su situación. Como el IPREM se actualiza cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cuantía concreta de la renta agraria varía anualmente. La compatibilidad con jornadas adicionales en el sector durante el periodo de percepción es parcial: los días trabajados se descuentan de la cuantía proporcional del mes, sin que la realización de actividad remunerada genere automáticamente la pérdida total del derecho. La gestión y el pago corresponden al SEPE, no al ISM ni a las comunidades autónomas.

Las dos prestaciones forman parte del nivel asistencial del sistema de protección por desempleo gestionado por el SEPE y comparten el ámbito territorial (Andalucía y Extremadura) y el colectivo (trabajadores eventuales agrarios). La diferencia clave está en los requisitos de antigüedad: el subsidio agrario exige acreditar antigüedad y un determinado número de jornadas en el sector, condición que no todos los trabajadores eventuales cumplen. La renta agraria cubre precisamente a los que no llegan a esos umbrales pero sí a los mínimos previstos en su norma. La protección sustantiva es comparable: cuantía vinculada al IPREM, gestión por el SEPE y compatibilidad parcial con trabajo. La elección entre subsidio y renta no es libre: el SEPE determina cuál procede según los datos de la vida laboral del solicitante.