Pensiones de vejez anteriores a 1990

Tres figuras tienen presencia residual hoy. La pensión asistencial FAS, regulada por la Ley 45/1960, dirigida a personas mayores con escasos recursos antes de la creación de las pensiones no contributivas. El subsidio LISMI, regulado por la Ley 13/1982, dirigido a personas con discapacidad con reglas anteriores a la pensión no contributiva de invalidez. Y las pensiones SOVI, herederas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez vigente entre 1947 y 1966, que siguen reconociéndose hoy con sus reglas propias para quienes cumplen los requisitos. Las pensiones FAS y los subsidios LISMI ya no se reconocen para nuevos solicitantes; las SOVI sí, porque su acceso se basa en cotizaciones realizadas en aquel periodo histórico que pueden no haber generado pensión por otra vía.

La gestión y el pago de las pensiones FAS y los subsidios LISMI corresponden tradicionalmente al IMSERSO en colaboración con las comunidades autónomas, en los términos previstos por la transferencia competencial. Las pensiones SOVI las paga el INSS como parte del sistema de Seguridad Social. Todas se actualizan anualmente, normalmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en el Real Decreto de revalorización. Las cuantías son inferiores a las pensiones contributivas actuales: para 2026, la pensión SOVI no concurrente está fijada en 8.394,40 €/año (599,60 €/mes en 14 pagas) por el RD 39/2026. Las cuantías de las prestaciones LISMI mantenidas y de las pensiones FAS deben consultarse en el RD del ejercicio.

Como regla general, las prestaciones del sistema previo a 1990 son incompatibles entre sí y con las prestaciones del sistema actual, salvo supuestos puntuales tasados. La excepción más relevante son las pensiones SOVI, que pueden ser compatibles con la pensión de viudedad reconocida por el sistema actual, con cuantía reducida en concurrencia. Las pensiones FAS y los subsidios LISMI son, en cambio, generalmente incompatibles con la pensión no contributiva, con el IMV y con las pensiones contributivas. Esta incompatibilidad explica por qué algunas personas mayores con prestaciones LISMI o FAS optaron en su día por mantener su régimen previo en lugar de migrar al sistema posterior a 1990: no siempre el cambio era favorable en su caso concreto.