LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido)

Solo las personas que tenían reconocidas prestaciones LISMI en su momento y no se acogieron al sistema de pensiones no contributivas creado por la Ley 26/1990. Desde la entrada en vigor de las pensiones no contributivas de invalidez y de la posterior derogación formal de la Ley 13/1982, no se reconocen nuevas prestaciones LISMI: el régimen está en proceso de extinción demográfica. El colectivo de beneficiarios decrece progresivamente, pero quienes optaron en su día por mantener su prestación LISMI siguen percibiéndola con sus reglas propias. Las prestaciones que más han persistido son el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (SMGT), por su finalidad específica no equivalente a la pensión no contributiva.

Las prestaciones LISMI mantenidas tienen sus propias reglas de actualización, fijadas tradicionalmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en el Real Decreto de revalorización anual. La cuantía suele ser inferior a la actual pensión no contributiva: por eso la opción de integración en el sistema posterior a 1990 fue mayoritariamente aceptada. Quien mantuvo el subsidio LISMI lo hizo por razones de incompatibilidad o por preferencia en supuestos concretos. La gestión corresponde tradicionalmente al IMSERSO en colaboración con las comunidades autónomas, en los términos previstos por la transferencia competencial. Las cuantías concretas vigentes cada año deben consultarse en el Real Decreto de revalorización del ejercicio.

El subsidio LISMI nació con la Ley 13/1982 como primera respuesta sistemática del Estado a la protección de personas con discapacidad. Tenía cuantía fija, gestión por el IMSERSO y cobertura específica (subsidio de garantía de ingresos, ayuda de tercera persona, movilidad y transporte). La pensión no contributiva de invalidez, creada por la Ley 26/1990 e integrada hoy en el sistema de Seguridad Social, sustituyó conceptualmente al subsidio LISMI con cuantías superiores y requisitos actualizados. La regulación de la pensión no contributiva exige discapacidad reconocida ≥ 65 % y residencia legal en España durante un periodo mínimo, mientras que la LISMI tenía requisitos propios. Las dos son incompatibles entre sí: el beneficiario de LISMI optó en su día por mantener una u otra.