Agravamiento de la incapacidad

Procede cuando las lesiones o limitaciones del pensionista han empeorado de forma significativa respecto al cuadro clínico considerado en el reconocimiento inicial, justificando la elevación del grado declarado o el reconocimiento de un nuevo grado.

No basta una variación menor: el empeoramiento debe ser objetivable y suficiente para alterar la calificación. Se acredita normalmente con informes médicos del especialista o del sistema público de salud que documenten la evolución desfavorable. El pensionista puede instar la revisión en cualquier momento; no hay un plazo mínimo de espera tras el reconocimiento inicial, aunque en la práctica conviene contar con documentación clínica reciente y consistente para evitar denegaciones por insuficiencia probatoria.

Afecta a cualquier pensionista de incapacidad permanente que considere que sus lesiones se han agravado, con independencia del grado reconocido inicialmente. El procedimiento se canaliza así:

1. Solicitud al INSS con documentación clínica actualizada.
2. Dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades, que examina la nueva documentación y, en su caso, cita al pensionista a reconocimiento.
3. Resolución del INSS: confirma, modifica o deniega la solicitud.

Frente a la resolución cabe reclamación previa en plazo de 30 días naturales y, después, demanda ante la jurisdicción social. El procedimiento no suspende el cobro de la pensión actual durante su tramitación.

El agravamiento es uno de los motivos de revisión de la incapacidad, junto con la mejoría, el error de diagnóstico y la realización de trabajos incompatibles. La revisión puede iniciarse a instancia del pensionista (típicamente, por agravamiento) o de oficio por el INSS, conforme al plazo previsto en la propia resolución de reconocimiento (habitualmente, dos años) o cuando reciba información que lo justifique.

Las dos vías comparten el mismo procedimiento técnico: nuevo dictamen del EVI y resolución del INSS. La diferencia es el sentido posible: el agravamiento normalmente conduce a elevar el grado, mientras que la revisión de oficio puede llevar tanto a confirmación como a reducción del grado o extinción de la pensión si se acredita mejoría. La regulación principal está en la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 1300/1995.