Tributación de pensiones extranjeras en España

Si el pensionista tiene residencia fiscal en España (más de 183 días al año o centro de intereses económicos), debe declarar su renta mundial en el IRPF, lo que incluye cualquier pensión de origen extranjero, sea pública o privada. La pensión se declara como rendimiento del trabajo, en términos generales. Si el pensionista no es residente fiscal en España, las pensiones extranjeras no tributan aquí, salvo regla específica del convenio aplicable. Existen reglas particulares para algunas pensiones reconocidas en el extranjero (mutilados de guerra, víctimas de regímenes totalitarios, etc.), que pueden estar exentas conforme a la normativa específica española o al convenio aplicable. La situación fiscal exacta depende del país de origen y del tipo de pensión.

España tiene firmados convenios para evitar la doble imposición con la mayoría de Estados con relevancia migratoria. Cada convenio fija qué Estado tiene potestad para gravar cada tipo de pensión. La regla habitual en pensiones por empleo privado es la imposición exclusiva en el Estado de residencia del pensionista, no en el pagador. La regla habitual en pensiones públicas de funcionarios es la imposición en el Estado pagador. Cuando una pensión queda gravada en ambos Estados, el residente español aplica la deducción por doble imposición internacional en el IRPF, que descuenta el impuesto pagado en origen hasta el límite del que correspondería pagar en España. La acreditación se hace con el certificado del Estado pagador sobre cantidades brutas y retenciones.

Sí. El residente fiscal en España puede tener obligación de presentar el modelo 720 sobre bienes y derechos en el extranjero cuando supere los umbrales fijados por la norma. Las pensiones extranjeras en sí no se declaran en este modelo —se declaran las cuentas bancarias donde se reciben, los planes de pensiones privados extranjeros y otros activos vinculados—, pero su gestión suele estar conectada. Hay que conservar los certificados anuales del Estado pagador sobre cantidades brutas y retenciones y los certificados de residencia fiscal durante el plazo de prescripción tributaria (cuatro años, en términos generales). Para retornados con vida laboral compleja en el extranjero conviene asesoramiento fiscal especializado durante los primeros ejercicios, hasta dejar las obligaciones formales en orden.