Residencia fiscal del pensionista

El IRPF español aplica tres criterios alternativos. Permanencia mínima: 183 días en territorio español dentro del año natural, computando estancias temporales. Las ausencias esporádicas se consideran tiempo de permanencia salvo prueba en contrario, regla pensada para evitar viajes estratégicos a final de año. Centro de intereses económicos: si el núcleo principal de actividades o de intereses económicos del pensionista está en España, se le considera residente fiscal aquí, aunque no llegue a los 183 días. Presunción familiar: si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores residen habitualmente en España, se presume que el pensionista también, salvo que demuestre lo contrario con certificado de residencia fiscal en otro Estado.

El año del traslado puede generar tributación en ambos Estados según las reglas del convenio para evitar la doble imposición aplicable. A partir del momento en que se pierde la residencia fiscal española, deja de tributarse en España por la renta mundial: la pensión española sigue siendo renta de fuente española y puede mantener gravamen en origen, pero no se declaran las rentas extranjeras en el IRPF. El nuevo Estado de residencia exige normalmente la inscripción en su sistema fiscal y declaración de la renta mundial, incluida la pensión española. Las pensiones públicas de funcionarios mantienen, por convenio, la tributación en el Estado pagador, con independencia de la residencia, salvo que el pensionista sea nacional del Estado de residencia.

Mediante un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad tributaria del Estado donde se reside, en el que conste expresamente que el titular es residente conforme al convenio para evitar la doble imposición firmado con España. Este certificado es el documento clave para invocar las reglas del convenio: sin él, las retenciones se aplican al tipo general previsto para no residentes, que suele ser superior al tipo bonificado del convenio. El certificado tiene validez normalmente anual y debe renovarse cada ejercicio. Conviene solicitarlo al organismo tributario del país de residencia con suficiente antelación a la presentación de la declaración española o al cobro de la pensión, según el caso, porque los plazos administrativos pueden alargarse.