Doble imposición de pensiones

La doble imposición se produce cuando dos Estados gravan la misma pensión: típicamente, el Estado pagador retiene IRPF u homólogo en origen y el Estado de residencia exige tributación por la renta mundial del pensionista. Aparece sobre todo en tres situaciones: emigrante retornado a España que cobra pensión de un país extranjero, residente español que recibe pensión pública de otro Estado por servicios como funcionario, y pensionista español residente en el extranjero al que tanto España como el país de destino reclaman impuestos. Para evitarla, España tiene firmados convenios para evitar la doble imposición (CDI) con la mayoría de Estados con los que mantiene flujos migratorios.

Cada CDI fija, para cada tipo de renta, qué Estado tiene potestad para gravar. La regla general en pensiones por empleo privado es la imposición exclusiva en el Estado de residencia, no en el del pagador. La regla general en pensiones públicas de funcionarios es la imposición en el Estado pagador, salvo que el pensionista sea nacional del Estado de residencia y resida habitualmente en él. Si una pensión queda sometida a tributación en ambos Estados por la naturaleza de la renta, el Estado de residencia debe aplicar el método previsto por el convenio: exención (no grava) o imputación con deducción del impuesto pagado en el otro Estado, hasta el límite del impuesto que le correspondería pagar.

Tres documentos resultan imprescindibles. El certificado de residencia fiscal del Estado donde se reside, expedido por la autoridad tributaria, que se aporta al Estado pagador para que no retenga o lo haga al tipo reducido del CDI. El certificado del Estado pagador sobre las cantidades brutas pagadas y las retenciones practicadas, que se usa al declarar en el Estado de residencia. Y la acreditación del impuesto efectivamente pagado en el extranjero, base para aplicar la deducción por doble imposición internacional en el IRPF español. Conviene conservarlos durante el plazo de prescripción tributaria. Para residentes en España con pensiones extranjeras puede haber además obligación de presentar el modelo 720 sobre bienes y derechos en el extranjero, con sus propios plazos y consecuencias.