Prescripción de prestaciones

Hay que distinguir dos planos:

1. Reconocimiento del derecho: imprescriptible. Una persona puede solicitar la pensión de jubilación al cumplir todos los requisitos, sin que el paso del tiempo extinga el derecho mientras subsistan las condiciones de acceso.
2. Mensualidades atrasadas: cuando se reconoce la pensión con efectos retroactivos, los efectos económicos se limitan, en general, a los tres meses anteriores a la fecha de solicitud, salvo norma específica que extienda el plazo.

Para la devolución de prestaciones indebidas y para la reclamación de cotizaciones impagadas, el plazo es de cuatro años desde la resolución correspondiente. Estos plazos están definidos en la Ley General de la Seguridad Social y en sus normas concordantes.

Las interrupciones del plazo (reclamaciones, recursos, requerimientos administrativos) reinician el cómputo desde la fecha de la actuación interruptora. Esta es una particularidad importante: una reclamación previa, un recurso o un requerimiento de la TGSS reabre el plazo completo, no solo lo suspende temporalmente.

La prescripción no opera de oficio en todos los supuestos: el interesado debe alegarla en la fase administrativa o judicial correspondiente. Es decir, si una administración reclama una cantidad ya prescrita pero el ciudadano no alega la prescripción en tiempo y forma, la administración puede acabar cobrando. Por eso, ante una reclamación de devolución de prestaciones o de cuotas, conviene examinar siempre los plazos antes de pagar.

La prescripción afecta al plazo para exigir cantidades concretas o ejercer determinados derechos. La caducidad afecta al plazo para impugnar un acto administrativo concreto. Ambas pueden estar en juego en el mismo expediente, pero operan de forma distinta.

Ejemplo: si el INSS deniega una pensión, el ciudadano tiene 30 días para impugnar (caducidad). Si transcurren sin recurso, la denegación es firme. Pero el derecho a solicitar la pensión por nuevas circunstancias o cumplimiento posterior de requisitos sigue vivo (no prescribe), aunque las mensualidades pasadas se limiten a tres meses de retroactividad. La caducidad se aplica de oficio; la prescripción no siempre. Distinguir ambas es esencial para no perder derechos por error procedimental.