Devolución de prestación indebida

La Seguridad Social reclama la devolución cuando el pensionista ha cobrado cantidades sin derecho durante un periodo determinado. Las causas típicas son cuatro:

1. No comunicación de circunstancias que extinguen, suspenden o reducen la pensión (matrimonio que afecta a la viudedad, fallecimiento del pensionista comunicado tardíamente, cambio de domicilio que afecta al complemento a mínimos, etc.).
2. Errores de la administración: cálculo incorrecto, aplicación errónea de coeficientes, duplicidad de pensiones.
3. Realización de trabajos incompatibles con el grado de incapacidad reconocido o con la pensión percibida.
4. Anulación judicial o administrativa del derecho que sustentaba la pensión.

En todos los casos, la entidad gestora abre un expediente formal con audiencia al interesado antes de declarar el carácter indebido del cobro.

Sí, es habitual. El procedimiento sigue tres fases: resolución de declaración del pago indebido del INSS o ISM, con audiencia al interesado; acuerdo de devolución, donde la entidad puede pactar con el pensionista un fraccionamiento del reintegro o, en su caso, descontar mensualmente una parte de la pensión actual; y, si no hay devolución voluntaria, vía ejecutiva asumida por la TGSS con los recargos correspondientes.

El fraccionamiento es razonable en deudas significativas, especialmente cuando el pensionista mantiene la pensión y puede asumir descuentos mensuales sostenibles. Si el cobro indebido derivó de error administrativo y no de ocultación, la propia administración puede ser flexible. Si derivó de fraude o de no comunicación, el procedimiento es más estricto y puede acumular sanciones.

El plazo general es de cuatro años desde la resolución que declara las prestaciones indebidamente percibidas, conforme a las reglas de prescripción de prestaciones de la Ley General de la Seguridad Social.

La prescripción se interrumpe con cualquier actuación administrativa o requerimiento que reinicie el cómputo. En la práctica, esto significa que un expediente abierto tarde por la administración puede quedar inatacable si supera el plazo, pero también que las actuaciones intermedias —notificaciones, audiencias, requerimientos— extienden la vigencia del derecho de la administración a recaudar. La regulación detallada está en la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con matices según el tipo de prestación.