Caducidad de la acción

Los plazos clave son 30 días naturales en dos hitos:

1. Reclamación previa: 30 días desde la notificación de la resolución del INSS o del ISM. Es trámite obligatorio antes de la vía judicial en materia de Seguridad Social.
2. Demanda en la jurisdicción social: 30 días desde la desestimación expresa de la reclamación previa, o desde el silencio administrativo (45 días sin respuesta del INSS), según corresponda.

Ambos plazos son improrrogables en términos generales y de aplicación de oficio. La caducidad puede salvarse en supuestos tasados —presentación dentro del plazo en órgano incompetente con remisión, error excusable acreditado— pero la regla general es estricta. La regulación está en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Afecta a cualquier ciudadano que reciba una resolución administrativa del INSS o del ISM y quiera impugnarla: denegación de pensión, cuantía reconocida menor a la esperada, calificación de incapacidad inferior a la solicitada, etc.

El plazo corre desde la fecha de notificación de la resolución, que figura en la propia notificación. Si la resolución se ha notificado por correo postal y no se ha recogido, opera la presunción de notificación tras los intentos legales correspondientes. En notificación electrónica, el plazo corre desde la puesta a disposición o, en su caso, desde la apertura efectiva, según las reglas administrativas generales. Conviene contar los días con calma y, ante duda, presentar el escrito antes del último día hábil para evitar problemas.

La caducidad afecta al plazo para impugnar un acto administrativo concreto: si se supera, el derecho a recurrir se extingue y la resolución queda firme. Se aplica de oficio. La prescripción de prestaciones, en cambio, afecta al plazo para exigir cantidades concretas o ejercer determinados derechos: el derecho al reconocimiento de una pensión es imprescriptible, pero las mensualidades atrasadas tienen plazo.

Un ejemplo: si el INSS deniega una pensión y el ciudadano no recurre en 30 días, opera la caducidad y la denegación es firme. Pero si el ciudadano cumple los requisitos años después y solicita la pensión por nueva causa, su derecho al reconocimiento sigue vivo (no prescribe), aunque pueda perder mensualidades por la regla de los tres meses de retroactividad sobre la fecha de solicitud. Ambas figuras pueden estar en juego simultáneamente en un mismo expediente.