Jubilación anticipada involuntaria

La norma identifica un listado tasado de causas que dan acceso a la modalidad involuntaria. Las principales son el despido colectivo (ERE), el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la resolución judicial concursal que extingue contratos, la fuerza mayor declarada, la muerte, jubilación o incapacidad del empresario que extinga el contrato, la extinción del contrato por la víctima de violencia de género y, según los supuestos, la resolución voluntaria por modificación sustancial o traslado que el trabajador no acepta, en los términos previstos por la norma. La dimisión del trabajador o el despido disciplinario no son causa válida. La acreditación se hace con la documentación del cese: carta de despido, sentencia, acuerdo del ERE, etc.

La cuantía parte de la base reguladora ordinaria, multiplicada por el porcentaje correspondiente a los años cotizados según la escala vigente. Sobre el resultado se aplican los coeficientes reductores por cada mes (o trimestre) de adelanto respecto a la edad ordinaria. Los coeficientes de la modalidad involuntaria son más favorables que los de la voluntaria, partiendo del principio de que el trabajador no ha elegido salir del mercado laboral. La escala depende de los años cotizados: a más años, menores coeficientes. La pensión final está sometida a los topes mínimo y máximo, y la reducción es vitalicia: no desaparece al cumplir la edad legal, salvo en algunos supuestos limitados para pensiones que alcanzan el tope máximo.

La jubilación anticipada involuntaria es incompatible con la prestación por desempleo: en el momento en que se causa la pensión, se extingue el derecho al paro pendiente. También es incompatible con el trabajo durante el periodo en edad anterior a la legal, salvo trabajos puntuales no relevantes que la norma admita. Una vez que el pensionista cumple la edad ordinaria, puede plantearse modalidades como la jubilación activa, la flexible o la parcial, pero todas ellas exigen requisitos específicos que pueden no encajar con quien anticipó. La pensión es compatible con rentas de capital (alquileres, dividendos, intereses) sin restricción. Y con pensiones de viudedad u orfandad, dentro del tope global de pensiones públicas.