Inembargabilidad de la pensión

Está protegida la cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional vigente, en cómputo mensual de 14 pagas. La parte de pensión que supera el SMI sí puede embargarse, pero dentro de esa parte se aplican porcentajes crecientes según la cuantía, hasta un máximo previsto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La escala es progresiva: el primer tramo por encima del SMI se embarga al 30 %, el siguiente al 50 %, y así sucesivamente hasta los porcentajes superiores. La protección opera tanto frente a acreedores civiles como frente a Hacienda y la TGSS, dentro del esquema general de la LEC. Las cantidades embargadas se descuentan en origen, antes del ingreso en la cuenta del pensionista.

Cuando el pensionista tiene cargas familiares y el embargo deriva de deuda no alimenticia, los porcentajes aplicables sobre la parte embargable se reducen en uno o dos puntos porcentuales en los términos previstos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la práctica forense, dentro del marco del artículo 607 LEC.

Esta reducción no se aplica de oficio: el pensionista debe alegarla y acreditar las cargas familiares ante el juzgado que dirige la ejecución, normalmente con libro de familia, certificados de convivencia o documentación equivalente. La reducción tampoco aplica a embargos por deuda alimenticia, que se rigen por el régimen excepcional del embargo por alimentos, sin la limitación del SMI.

Sí. La inembargabilidad opera también frente a Hacienda y a la TGSS, dentro del esquema general de la LEC. Una deuda tributaria o por cuotas de Seguridad Social no puede ejecutarse contra la parte de pensión protegida por el SMI mensual.

La única excepción relevante es el embargo por alimentos: el juez puede embargar incluso por debajo del SMI, atendiendo a la prioridad legal de la deuda alimenticia. Para deudas tributarias o de Seguridad Social, las administraciones públicas se someten a las mismas reglas que cualquier acreedor civil. Si el pensionista tiene pendiente un embargo administrativo, las administraciones aplican los porcentajes y los topes igual que un juzgado civil ordinario.