Embargo de pensión por alimentos

Porque el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exceptúa expresamente al embargo por alimentos de los límites del artículo 607, que protegen el salario mínimo interprofesional. La razón es la prioridad legal de la deuda alimenticia: el legislador entiende que la subsistencia del beneficiario de los alimentos (típicamente, hijos menores) prevalece sobre la protección del mínimo inembargable del obligado.

El juez puede embargar mensualidades de la pensión sin la limitación del SMI, atendiendo a las circunstancias del beneficiario y del obligado. No hay porcentaje fijo: el juez decide caso por caso, generalmente cubriendo la pensión alimenticia pactada o impuesta y los atrasos correspondientes. La cuantía exacta y el funcionamiento del embargo se rigen por la resolución judicial específica que lo decreta.

El juzgado comunica el embargo al INSS o al ISM, que lo aplica directamente sobre la pensión antes del ingreso al pensionista. Las cantidades embargadas se descuentan en origen y se ingresan en la cuenta del beneficiario de los alimentos, a través del propio juzgado o por orden de transferencia.

Esto significa que el pensionista recibe en su cuenta solo el importe líquido tras el embargo, sin posibilidad de gestionarlo previamente. La aplicación es automática mientras la resolución judicial esté en vigor: si hay modificación o cese de la obligación de alimentos, el juzgado debe comunicarlo al INSS para que se ajuste el descuento. La empresa o entidad pagadora no decide sobre el embargo; se limita a ejecutar la orden judicial.

Los embargos por alimentos tienen preferencia legal y se aplican primero. Si el pensionista tiene además otros embargos por deudas no alimenticias (préstamos, impuestos, etc.), estos se aplican en segundo lugar y, en su caso, sujetos a los límites del mínimo inembargable y a la escala progresiva del artículo 607 LEC.

A diferencia del embargo ordinario, el embargo por alimentos no tiene escala progresiva (30 %, 50 %, etc.) ni tope inferior basado en el SMI. El juez decide la cuantía caso por caso, atendiendo a las necesidades del beneficiario y a la capacidad económica del obligado. La prioridad de los alimentos puede llevar a que, en la práctica, los embargos por otras deudas no se ejecuten hasta que se cubra la deuda alimenticia.