Desplazamiento de trabajadores en la UE

El desplazamiento temporal aplica cuando una empresa española envía a un trabajador a prestar servicios en otro Estado miembro manteniendo la relación laboral con la empresa de origen. La duración prevista del trabajo en destino debe ser limitada, hasta un máximo de 24 meses, prorrogable en supuestos previstos. Si el desplazamiento se concibe desde el inicio como indefinido o el trabajador es contratado expresamente para ejecutar trabajos solo en el extranjero, no se aplica esta figura: el trabajador queda sometido a la Seguridad Social del Estado de actividad. Tampoco aplica si el desplazado sustituye a otra persona también desplazada por la misma empresa para realizar el mismo trabajo, regla pensada para evitar encadenar A1 sucesivos sobre el mismo puesto.

Antes del inicio del desplazamiento, la empresa debe solicitar a la TGSS el formulario A1 que acredita que el trabajador sigue cotizando en España. La solicitud se hace por el Sistema RED o por la sede electrónica. En paralelo, la empresa cumple con las obligaciones de la Directiva 96/71/CE: notificación previa a las autoridades del Estado de destino, designación de representante en algunos países y declaración de las condiciones laborales aplicables. Durante el desplazamiento, el trabajador debe llevar consigo el A1 para acreditar ante las inspecciones locales que está cubierto por el sistema español. Si el desplazamiento se prolonga, la prórroga del A1 se solicita antes del vencimiento, no después.

Mientras el A1 esté en vigor, el trabajador y la empresa siguen cotizando a la Seguridad Social española exactamente igual que si la actividad se prestara en España. El periodo computa íntegro a efectos de carencia, base reguladora y porcentaje aplicable, sin que el desplazamiento tenga efecto reductor. El Estado de destino no puede exigir alta ni cotizaciones locales mientras el A1 sea válido. Si el desplazamiento se prolonga sin prórroga del A1 o supera los plazos máximos previstos, el trabajador puede quedar sometido a la legislación del Estado de destino: a partir de ese momento las cotizaciones se generan allí y, en el futuro, se totalizarán con las españolas para calcular la pensión por la regla de la prorrata temporis.