Prolongación del servicio activo (funcionarios)

La figura aplica a funcionarios cuya normativa estatutaria lo prevé expresamente. Los casos típicos son profesorado universitario (catedráticos y profesores titulares), carrera judicial y fiscal, personal sanitario estatutario y otros cuerpos con regla específica. El funcionario solicita la prolongación ante el órgano competente de su Administración antes de cumplir la edad legal del cuerpo. La solicitud debe resolverse motivadamente: la denegación, en algunos cuerpos, está sometida a criterios objetivos (necesidades del servicio, valoración del rendimiento). La prolongación tiene una edad máxima prevista en la norma del cuerpo: profesorado universitario y carrera judicial tienen edades máximas específicas más allá de las cuales no es posible prolongar. La situación administrativa durante la prolongación es de servicio activo pleno, con todas sus retribuciones y funciones.

Durante la prolongación del servicio activo, el funcionario no cobra pensión: sigue percibiendo retribuciones como funcionario en activo y cotizando. La pensión se causará al pasar a la situación de jubilación, una vez finalizada la prolongación. Esta es la diferencia clave con las modalidades de compatibilidad con trabajo del Régimen General (jubilación activa, flexible, parcial), en las que sí se cobra pensión durante la actividad. La prolongación del servicio activo es, en términos funcionales, el equivalente público a la jubilación demorada del Régimen General: prolongar la cotización antes de causar la pensión. Las dos figuras comparten lógica: acumular más servicio o cotización para mejorar la pensión final, aunque con instrumentos jurídicos y reglas distintas.

El tiempo de prolongación se acumula a los años de servicios efectivos. En Clases Pasivas, esto puede traducirse en porcentaje incrementado de la pensión, según la escala vigente, hasta los topes establecidos. En el Régimen General (para funcionarios de nuevo ingreso desde 2011), el funcionario se beneficia de incentivos por demora equivalentes a los del régimen ordinario: porcentaje adicional, cantidad fija o combinación, por cada año adicional cotizado tras la edad legal habiendo alcanzado el 100 %. La prolongación no es la única figura de continuidad post edad legal en el ámbito público: la segunda actividad de los cuerpos de seguridad opera con lógica distinta (cambio de funciones, no servicio activo pleno) y sus efectos sobre la pensión son específicos de cada normativa de cuerpo.