España dedica al pago de pensiones públicas un porcentaje del PIB similar al de los grandes países del centro y sur de Europa. En la última lectura disponible de Eurostat ESSPROS, 2023, el gasto en prestaciones de pensión sobre el PIB español fue del 13,16 %, por debajo de Italia (15,49 %), Francia (14,61 %), Austria (14,44 %) y Grecia (14,01 %), y por encima de Finlandia (13,73 %) y Bélgica (12,81 %). El bloque del centro-sur europeo, con poblaciones envejecidas y carreras de cotización largas, se mueve en una franja estrecha entre el 12 % y el 15,5 % del PIB.
Esa convergencia esconde diferencias de modelo. Los países nórdicos tienden a complementar la pensión pública contributiva con regímenes ocupacionales obligatorios o cuasiobligatorios; el peso del primer pilar sobre el PIB es por tanto más bajo, no porque el sistema sea menos generoso en términos absolutos, sino porque parte del esfuerzo se canaliza fuera de las cuentas públicas. España, en cambio, concentra prácticamente todo el aseguramiento de jubilación en el pilar contributivo público, con un segundo pilar empresarial residual y un tercer pilar individual minoritario en términos de aportaciones. La cifra del 13,16 % refleja, por tanto, una decisión institucional sobre dónde se ubica el riesgo de longevidad: aquí, en la cuenta pública.
El otro factor es demográfico. España presenta una de las mayores ganancias de esperanza de vida a los 65 años de la OCDE, lo que prolonga el tiempo medio de cobro y empuja al alza el gasto agregado, incluso a pensión media constante. La tasa de dependencia, definida como la población mayor de 64 años sobre la población en edad de trabajar, ha crecido de forma sostenida desde la década de 2010 y la previsión es que siga subiendo hasta los años 2040.
El ratio gasto/PIB es la métrica más comparable internacionalmente, pero conviene leerla con dos cautelas. Primera: incluye prestaciones contributivas y no contributivas y agrega los riesgos de vejez, supervivencia e incapacidad. Países con sistemas de invalidez muy desarrollados pueden aparecer altos en esta cifra sin que su pensión de jubilación sea especialmente generosa. Segunda: el denominador es el PIB nacional, lo que penaliza a las economías que crecen más rápido y favorece a las que se estancan, sin que eso diga nada sobre el bienestar de los pensionistas.
Para una lectura más completa conviene cruzar este indicador con la tasa de sustitución bruta —cuánto representa la primera pensión sobre el último salario— y con la pensión media en términos absolutos. Según Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, España presenta una de las tasas de sustitución bruta más altas del bloque (alrededor del 80 %, frente a una media OCDE del 52 %), lo que sugiere que no solo gasta una proporción comparable del PIB, sino que devuelve a sus pensionistas una proporción mayor de sus ingresos previos al retiro. Las dos cifras tienen que leerse juntas para entender el coste y la generosidad del sistema. Quien quiera profundizar en la métrica complementaria puede consultar la entrada tasa de sustitución del glosario.